El TSJA publica sus memorias anuales en las que recuerda la necesidad de ampliar la plantilla de jueces en los juzgados andaluces
Es uno de los datos más llamativos de la memoria anual referente a 2018 que ha publicado esta semana el TSJA. Las cláusulas suelo (esas que establecen un límite a la baja de los intereses vinculados al Euribor) suponen un asunto «delicado» a ojos de la administración judicial de Andalucía, ya que afecta «sensiblemente» al funcionamiento de los juzgados y ha hecho que la estadística crezca de forma «desorbitada». La provincia de Málaga es la segunda con más casos, por detrás de Sevilla (10.439) y delante de Cádiz (6.808), Jaén (4.835), Granada (4.722), Córdoba (4.681), Huelva (4.127) y Almería (3.003). La comunidad andaluza representa el 22% de todo el país en cuanto a este tipo de demandas.
Falta de personal
En la memoria anual del TSJA se deja muy claro que es necesario aumentar el volúmen de los trabajadores de la Administración de Justicia en Andalucía. «Se considera procedente realizar una propuesta de nuevas plazas judiciales desde un punto de vista estructural, en base a parámetros lo más elevados posibles de eficacia y eficiencia, habida cuenta que la planta judicial sigue lejos de lo razonable en función de la litigiosidad existente», se expone en el documento. La elevada carga de trabajo del territorio hace que las medidas sean, a ojos del TSJA, «ineludibles e inaplazables».
Sin embargo, desde la administración recuerdan que el aumento del número de jueces por territorio no supondría la eliminación definitiva de las deficiencias que sufren en el desarrollo de su actividad si no van conectadas con un «cambio en las fórmulas de trabajo». «No podemos seguir anclados en formas del siglo XIX», apuntan. «Se impone apostar por un modelo de funcionamiento que supere el tradicional de creación de Juzgados como unidades totalmente separadas, independientes y autónomas».
En la memoria recuerdan que la tasa de congestión (la que compara el volumen de procesos cerrados con los que siguen abiertos) sigue siendo negativa en todas las provincias. «Ello no permite una valoración final satisfactoria, pues es patente la dificultad de rebajar el volumen de asuntos pendientes, así como mejorar los tiempos de respuesta de muchos órganos judiciales»