En concreto estima la nulidad de los artículos 107.1 párrafo segundo, 107.2 a) y 107.4 del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales porque establece “un método objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina que siempre ha existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento”.

El fallo, del que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez, declara la “intangibilidad de las situaciones firmes existentes antes de la fecha de la aprobación de la sentencia”, que cuenta con el voto particular concurrente del presidente, Juan José González Rivas, y los votos discrepantes del magistrado Cándido Conde-Pumpido y de la magistrada María Luisa Balaguer.

El TC resuelve así la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra varios artículos del Real Decreto 2/2004, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Esta sentencia abre un gran agujero en las arcas municipales de los consistorios, que tienen en este impuesto una de sus fuentes más importantes de financiación.